Semanario ALTERNATIVAS

Por Samuel Blixen

La butifarra, qué más remedio

 

A estar por los precios en las góndolas, la butifarra ha dejado de ser un embutido de consumo masivo;; es un artículo de lujo. Pero sigue compartiendo, con la mortadela, una referencia (¿un tufo?) netamente popular.

Así lo siente –y se resiente– el abogado Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía, ex senador herrerista. Su pituquería seudoaristocrática, su arrogancia desbocada, le impiden refrenar su estilo de ironía hiriente que no esconde el elitismo. Y, por tanto, para señalar la distancia de su gusto por el jamón serrano, apela a la descalificación política por la vía del chacinado: los precandidatos del oficialismo, y en particular José Mujica, representan una “izquierda butifarra”, es decir, de mal gusto, grasosa, groncha, cholula.
¿Por qué para De Posadas la izquierda es “butifarra” y el propio Mujica una “mezcla de Viejo Vizcacha y Cantinflas”? Porque el precandidato “de estilo contestatario-popu” osó sugerir la eliminación del secreto bancario, nada menos, aunque en determinadas circunstancias.
El líder de Concordia Nacional –una agrupación que apoya a Luis Alberto Lacalle, cuya creación fue consecuencia de un irresistible reclamo de “un grupo de amigos”– no podía dejar pasar ese ataque al “derecho a la intimidad”. Porque el secreto bancario es eso: “Todas ellas (las diversas formas de protección: secreto profesional, tributario, administrativo, comercial), y el secreto bancario también, son derivaciones del derecho a la intimidad o privacidad, inherente a la persona humana, valor fundamental que nuestra Constitución (sobreviviente iusnaturalista) protege expresamente (artículo 72)”.
Erigido así a la categoría de derecho humano, De Posadas se apura a aclarar: “(el secreto bancario) es una institución cuyos efectos se proyectan sobre la sociedad. No sólo hace a preservar aspectos del fuero íntimo de las personas, también se proyecta sobre valores que permiten el desarrollo económico de una sociedad”. Dicho de otra manera: gracias al secreto bancario las personas pueden proteger sus riquezas y, sobre todo, el origen del enriquecimiento, y también hacer negocios sin preguntas molestas.
Tanto en su actividad privada como en los cargos de gobierno que ocupó durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle, De Posadas hizo un uso exhaustivo del secreto bancario. No es casual esta encendida defensa. En el plano privado, el secreto bancario le permitió eludir las investigaciones que vinculaban a su estudio jurídico (Posadas, Posadas y Vecino) con episodios de lavado de dinero, evasión fiscal, triangulaciones de subfacturación, pago de coimas y vaciamiento de bancos.
Según el informe elevado a la jueza Fanny Canessa por el oficial principal Gonzalo Cozzolino, de la Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior, en 2002 la aduana de Estados Unidos informaba que el cártel de Juárez realizaba en nuestro país operaciones de lavado de dinero mediante dos modalidades: “Por una parte, operaciones financieras que han movido varios cientos de millones de dólares, en las que interviene el Estudio Posadas, Posadas y Vecino, y varios bancos. Por otra parte, operaciones inmobiliarias que implican lavar dinero por la vía de inversiones directas”.
El mismo estudio jurídico fue mencionado como parte de un esquema de lavado que investigaba el ex jefe de la Droug Efforcement Agency (DEA) en Buenos Aires, Abel Reynoso. La revista Noticias consignaba que Reynoso, antes de ser subrogado del cargo, había confeccionado “una lista de 14 empresas fantasmas formadas en Montevideo por el estudio jurídico de Ignacio de Posadas, que se dedicaban a limpiar dineros del narcotráfico”.
En el famoso “Informe Carrió”, la diputada argentina Elisa Carrió consignaba: “Hay cierta clase de extranjeros, una especie de turistas de las sombras, que también encuentran en Uruguay los atractivos de un verdadero paraíso. Son los traficantes de armas, mafiosos del juego clandestino, sofisticados ladrones de bancos, deseosos de sumergir su dinero en las aguas límpidas que le ofrece la intermediación financiera uruguaya, bajo el rótulo legal de sociedades anónimas financieras de inversión (safi). Los anfitriones del paraíso son famosos estudios jurídicos como el de Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía, el del contador Israel Lublinerman, el del contador Bomsztein o el de los hermanos Cukier, que dirigen y administran varias oficinas (...). La segunda operativa es la que ha optimizado en Uruguay el Estudio Posadas, Posadas y Vecino. En dicha modalidad, lo que prima es la oferta de safi, sociedades off shore que en la práctica carecen de control fiscal. Combinado este instrumento propio de paraíso fiscal con el riguroso secreto bancario uruguayo, uno de los más rígidos del mundo, es claro que el mecanismo opera como una cobertura del lavado de dinero argentino. El caso que estudia esta comisión permite evaluar cabalmente cómo más de un centenar de safi operadas por el Federal Bank y el American Exchange Bank pueden montar una gigantesca red de lavado de dinero. Es claro que las safi –a diferencia de las sociedades anónimas uruguayas– son confeccionadas a medida del cliente y son administradas por el estudio confeccionador de las mismas, lo que ha puesto en debate desde hace ya algunos años la eventual ilegalidad en la que incurriría el estudio administrador de la sociedad y aun planificador e ingeniero de su actividad. La prensa argentina ya ha cuestionado numerosas veces al Estudio Posadas, Posadas y Vecino”.
La respuesta de De Posadas a estas acusaciones fue: “Si hay corrupción en Argentina, es un problema de los argentinos y no de los uruguayos”. O como dijo Lacalle: “Ignacio vende safi como un herrero vende cuchillos. El herrero no es responsable de lo que el comprador haga con su cuchillo”. Sin embargo, fue responsabilidad de uruguayos la operación que facilitó la llamada “coartada” por la que el ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello, destituido por actos de corrupción, obtuvo un falso préstamo para cubrir gastos inexplicables. El préstamo trucho, sustentado en documentación falsa, fue otorgado por una sociedad anónima, Alfa Trading, que operó desde el estudio de De Posadas. El contacto provino de un empresario brasileño, vinculado a Collor, que utilizaba las safi del estudio jurídico para evadir impuestos.
El último hit conocido de De Posadas lo involucra en el vaciamiento del Banco Comercial. El ex ministro de Economía era, precisamente, abogado del banco cuando los hermanos Carlos y José Rohm transfirieron ilegalmente bonos y otorgaron préstamos irrecuperables a una docena de empresas fantasmas cuando el “corralito” en Argentina, a fines de 2001, los dejó en evidencia. De Posadas fue cuestionado éticamente porque, a pesar de asesorar al directorio del Comercial, pasó a representar a clientes damnificados por el vaciamiento.
Todo este currículum –al que cabría agregar la responsabilidad del entonces ministro De Posadas en la privatización del Banco Pan de Azúcar y su posterior vaciamiento por el franco-marroquí Stephane Benhamou– se sustenta en el “derecho a la privacidad”. Como dice él mismo, el secreto bancario tiene sus límites;; pero en aquellos episodios no hubo limitaciones.
Si la arrogancia elitista en la defensa del secreto bancario oculta estos trasfondos, entonces la opción es clara: preferir la butifarra.