Semanario ALTERNATIVAS
ENTREVEROS
PACO CASAL, GONZALO FERNÁNDEZ Y LA DGI
NELSON FERNÁNDEZ:
ES UNA OPERACIÓN PUBLICITARIA
(El Espectador)
El director de Impositiva, Nelson Hernández, calificó de “operación publicitaria”, la noticia de que el abogado y actual canciller, Gonzalo Fernández, emitió un informe técnico donde señala que en el caso del empresario Francisco “Paco” Casal no hubo delito contra el fisco. Hernández dijo enfáticamente que la DGI “no reaccionará ante las presiones”. El documento con las precisiones del actual ministro de Relaciones Exteriores -elaborado ante un pedido de la defensa de Casal- fue agregado en las últimas horas al expediente penal que inició Impositiva contra el conocido empresario.
Ayer se alzaron algunas voces contrarias a la actuación de Fernández en este episodio. Por ejemplo, el diputado blanco Jorge Gandini afirmó a El Observador que “más allá del tema de fondo, que un ministro de Estado que nos representa a todos tome parte y cobre honorarios en un litigio judicial que el mismo Estado inició es una vergüenza”. Por su parte, el abogado, Gustavo Salle dijo que presentará una denuncia penal contra el actual canciller por los delitos de conjunción del interés personal con el del público o por manejo de información privilegiada.
LA CODICIA
ESE LOCO, LOCO AFÁN
Andrés Capelán
MONTEVIDEO/URUGUAY/13.02.09/COMCOSUR AL DÍA - Todos codiciamos algo en algún momento, pero ¿hasta donde puede llegar la codicia? Pues depende de las personas. Quien esto escribe, en principio codicia poder vivir dignamente trabajando en lo que le gusta. Subiendo un escalón más, codiciaría poder vivir sin trabajar, y así tener tiempo para escribir y leer y mirar películas y visitar amigos, con eso me conformaría. Pero bueno, hay gente muy ambiciosa que aspira a mucho más.
Uno de los más comunes objetos del deseo es el de acumular riqueza (ya se vé que el mío en cierto modo va por ahí), otro muy habitual es el de obtener poder. Y las más de las veces, ambos asuntos van de la mano: el que tiene dinero logra poder, y el que tiene poder logra dinero. Pero al contrario de lo que podría suponerse el problema que genera luchar por ese tipo de objetivos es que no hay techo.
El codicioso nunca quedará conforme con lo logrado. Si llega a 10, querrá seguir hasta 50, pero cuando llegue a 50, no descansará hasta alcanzar a 100, y así hasta la muerte. Si se lo saca del lomo, bueno, pobre tipo, que haga lo que quiera, si eso lo hace feliz... El problema surge cuando el “progreso” personal se hace sin tener en cuenta las normas éticas elementales.
Uno pensaría que Gonzalo Fernández ya debería darse por satisfecho con sus logros. Como Canciller, ya tiene poder; como docente, ya tiene prestigio; como abogado, ya tiene dinero. ¿Qué más le puede pedir a la vida Gonzalo Fernández? Y sí... más poder y más dinero. Aún a costa de esa tontería que es el prestigio.
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2) GONZALO FERNÁNDEZ:
PACO CASAL NO COMETIÓ DELITO
(El Observador)
Dijo que pagó lo que sus asesores le indicaron
El catedrático en derecho penal señaló que el contratista no debe pagar ni IRIC ni IVA
El canciller y catedrático de derecho penal, Gonzalo Fernández, afirmó en una consulta que realizó para el contratista Francisco “Paco” Casal que éste no cometió delito de defraudación tributaria y que no hubo en su actividad intención de ocultar sus negocios con el fin de evadir. Según supo El Observador, también dedicó un capítulo al tema tributario y contradijo a la Dirección General Impositiva (DGI) al sostener que el empresario no debe pagar el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) ni el IVA.
La consulta de Fernández fue agregada el martes 10 al expediente penal, junto a un detallado informe de los pases en los que intervino Casal desde 1998 a la fecha, y a una pericia particular. Fernández sostuvo que no existe una aplicación conjunta de capital y trabajo en el país, y por lo tanto la renta no queda gravada por el IRIC. También fue claro al señalar que el contratista no debe pagar IVA. En cambio, la DGI alega que la transferencia de jugadores produce renta y capital en Uruguay y pretende cobrarle los impuestos generados desde 1998.
Pero sobre todo se centró en el tema del que es especialista y dedicó un capítulo al dolo, es decir la conciencia y voluntad de violar las normas. En ese sentido, concluyó que Casal como contribuyente obró de acuerdo con el asesoramiento fiscal que recibió y por lo tanto no se puede sostener que haya actuado con conciencia de violar la ley. Casal sostuvo al declarar ante el juez Carlos García que siempre se asesoró por expertos en temas tributarios para saber el monto exacto de lo que debía pagar.
Profesor y gobernante
Para realizar la consulta, Fernández tuvo en su poder el expediente administrativo que la DGI inició y tras analizarlo concluyó que es imposible tipificar delito alguno. La consulta que Fernández redactó a pedido de uno de los abogados de Casal, Jorge Pereira Schurmann, estaba en poder del grupo Tenfield desde hace un mes. El penalista aceptó hacerla sin objeciones. Si bien iba a ser agregada al expediente cuando Casal declaró en noviembre, no pudieron hacerlo porque Fernández no la había concluido.
La actuación de Fernández como abogado penalista ha sido cuestionada reiteradamente por la oposición que planteó ese tema como una falta de ética más allá de que no exista incompatibilidad legal. Fernández, quien fue secretario de la Presidencia antes de ser canciller, defendió ante la Justicia penal a los propietarios de las sociedades anónimas que integran La Pasiva y cuyos titulares fueron procesados por defraudación tributaria. Mientras mantenía un cargo en el gobierno presentó un escrito con su firma en el que pedía que las causas se unificaran en un sólo juzgado. Luego de varios cuestionamientos, dejó de aparecer en la escena judicial y derivó los casos al abogado Renato Echeverría, que trabaja en su estudio jurídico.
S.A. panameñas
El canciller y catedrático coincidió con los tributaristas que firmaron otras cinco consultas entregadas a la Justicia civil, que deberá determinar si Casal debe o no pagar los impuestos que la DGI le reclama. Fernández ingresó en el tema tributario, analizó la actividad de las sociedades panameñas a través de las que opera Casal y aseguró que su actividad se ajusta a derecho. Asimismo, sostuvo que en la actuación del contratista no se encuentran ilegalidades.
En su trabajo, el penalista analizó las diferencias entre los derechos federativos y los derechos económicos. Coincidió con los expertos tributaristas en que las rentas generadas por la cesión de derechos económicos derivados de derechos federativos de futbolistas no resultaban incluidas en el hecho generador de IRIC. El contador Juan Antonio Pérez Pérez de KPMG; Alberto Varela de Ferrere Abogados; el profesor de derecho financiero Andrés Blanco; y el contador Carlos Borba, de Tea & Deloitte, a los que se sumó luego el abogado Arturo Caumont, coincidieron en señalar que Casal no debe IRIC a la DGI.
Para apoyar esa posición los abogados defensores hicieron hincapié en el escrito presentado esta semana en que la actividad de Casal se desarrolla netamente en el exterior y si hay actividad en el país es ínfima. Negaron que sea el 50% en Uruguay y el 50% en el exterior, como sostiene la DGI. La consulta de Fernández apareció en escena cuando el tribunal de apelaciones civil de segundo turno debe decidir si confirma o revoca el embargo que decretó la jueza civil Loreley Opertti por US$ 25 millones. La DGI ya pidió ampliar ese embargo a US$ 104 millones. El expediente fue estudiado por el ministro Jorge Chediak y pasará el lunes al ministro Tabaré Sosa. Luego resta que lo vea el ministro John Pérez. La sentencia se conocerá a fin de mes o en marzo.
MONTEVIDEO/URUGUAY/13.02.09/COMCOSUR AL DÍA
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3) DGI RECLAMA INFORME QUE CASAL ENVÍARA A LA JUSTICIA
ORGANISMO REFUTÓ ARGUMENTOS DEL CONTRATISTA DE FÚTBOL
(Últimas Noticias)
La Dirección General Impositiva (DGI) refutó los argumentos de la defensa de Francisco Casal, al entregar la documentación de los pases de jugadores de la última década. Reclama que esa información debió haberse entregado al organismo y no a la Justicia.
El director de la DGI, Nelson Hernández, dijo a Ultimas Noticias que el informe presentado ayer por la defensa del contratista de fútbol Francisco Casal, relativo a las transferencias realizadas desde 1998 "debió haber sido presentado ante la DGI en su momento, y no ante el juzgado, dado que está vinculado directamente con la determinación de los tributos". Para el contador del organismo tributario "lo que hubo acá fue una falta de colaboración del contribuyente, que determinó la prolongación del proceso administrativo".
Los abogados del empresario futbolístico, Carlos Curbelo Tammaro y Jorge Pereira Schurmann, presentaron ayer ante el juzgado de 17° Turno presidido por el juez Carlos García, documentación pormenorizada sobre sus transacciones en la que señala que la renta generada por el empresario en Uruguay es mínima.
Aunque declinó referirse a la especificidad de la situación de Casal, el jerarca del organismo recaudador explicó que los contratistas de fútbol "desarrollan una actividad muy importante en el país, que consiste en la selección de los jugadores y, una vez adquiridos, toda la atención cuando están jugando en nuestro medio, ese seguimiento que muchas veces se relaciona hasta con el mantenimiento". Esa actividad motiva, según Hernández, que "se les aplique una actividad realizada en el país y un capital que está constituido por el costo de la adquisición de los pases".
Los patrocinantes del empresario deportivo señalaron que durante nueve de los diez años a los que refiere el informe, Casal estuvo fuera del país, por lo que no se habría generado actividad en Uruguay, según consignó El Observador. Asimismo, fuentes cercanas a la investigación señalaron que el 50% de renta que la DGI atribuye a la actividad del grupo empresario en Uruguay, en algunos casos puntuales, "es muy benévolo".
Por otro lado, desde el organismo estatal se destacó el "cambio de posición" del grupo liderado por Casal, que previo a la entrega de la nueva documentación ante la sede judicial sostenía que no había renta de fuente uruguaya, sino que era toda extranjera. Esto implica el reconocimiento de que por esa renta, aunque sea "mínima", debe tributarse Iric (Impuesto a la Renta de Industria y Comercio) o Irae (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas).
En cuanto al argumento sostenido por la defensa, de que desde 2001 los contratistas pagan el Impuesto a las Transferencias y por eso declaran los pases ante Impositiva, fuentes de la investigación remarcaron a Ultimas Noticias que ese "es un error que se ha pretendido transmitir a la población, porque los que pagan el impuesto a las transferencias son los clubes". Desde la DGI se informó que, si bien aún no se puede evaluar la documentación presentada por Casal, porque no se tuvo acceso a ella, si el juzgado la pone en conocimiento del organismo "se va a evaluar si son procedentes o no" y se evaluará la justificación que podría darse a porcentajes de determinación de la renta diferentes a los que señaló el empresario.
COMCOSUR AL DÍA
